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Por vez primera en España, las áreas de montaña son objeto de protección jurídica de un modo específico, gracias a su reconocimiento y regulación por la nueva Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Como indica su preámbulo, esta Ley de alcance estatal otorga a las montañas un papel prioritario en la preservación de los corredores ecológicos que, junto a las vías pecuarias, “deben participar en el establecimiento de la  red europea de corredores biológicos definidos por la Estrategia Paneuropea de Diversidad Ecológica y Paisajística y por la propia Estrategia Territorial Europea.”